En su artículo 41 - de indudable conexión temática con el artículo comentado- la Constitución establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.
Esto incluye a españoles y extranjeros.
En la Mallorca del siglo XXI una norma del Govern Balear deja sin asistencia a los inmigrantes sin recursos.
Articulo completo del DIARIO DE MALLORCA abajo.
La foto que lo ilustra es de Martha Haileyesis, la ultima niña traída a Mallorca por Mediterránea para operarse de una grave cifoescoliosis, y posiblemente la ultima que habremos podido traer.
Cuando no tienes un euro y en urgencias te piden 140
Los extranjeros sin dinero se están refugiando en la beneficencia para recibir la atención sanitaria que el sistema público les niega
Un doctor de Son Espases atiende a una niña etíope en imagen de archivo.
A. M. PALMA Sin tarjeta sanitaria no hay sanidad. Hay un remedo de ella. Lo denuncian doctores, trabajadores y abogados, que recuerdan que el rechazo a dar una atención médica gratuita a los inmigrantes que no pueden acreditar su falta de recursos es solo el principio del problema. ¿Qué ocurre por ejemplo con los pacientes crónicos a los que una petición burocrática imposible de cumplir les niega la tarjeta sanitaria? Pues que no reciben la atención que precisan. "Tienen que acudir a urgencias cuando estén mal, pero no pueden tener un seguimiento adecuado", apunta un doctor que tuvo responsabilidades de gestión con el anterior Govern. Lo mismo explica el doctor Reyero, de Médicos del Mundo, que avisa de que la reacción del inmigrante cuando se les exige el pago es "escapar". "La mayoría no firma el compromiso de pagar en diez días". Simplemente, no pueden. O temen.
El desconocimiento por parte de los inmigrantes y la falta de información por parte de los gestores del IB-Salut lleva a situaciones esperpénticas, como que en los últimos meses cinco inmigrantes distintas hayan dado a luz con la misma tarjeta sanitaria. "En el IB-Salut utilizaron ese ejemplo para describir los abusos que, según ellos, se comenten con la tarjeta sanitaria. Es el peor ejemplo que podían poner: teniendo en cuenta que la ley garantiza a las embarazadas la atención pública gratuita, el hecho de que recurriesen a la misma tarjeta solo quiere decir que algo se está haciendo rematadamente mal y que no se están respetando los derechos de los inmigrantes. ¿Desde cuándo es un abuso que paran cinco mujeres? Si utilizan la misma tarjeta es porque están esquivando así una barrera que no tendría que existir, porque la atención al parto es un derecho recogido en la ley", razona Reyero, que se congratula de que en los últimos días el IB-Salut haya decidido dar marcha atrás y no cobrar la atención ni a niños ni a embarazadas.
Aunque siguen saltándose a la torera los derechos de los enfermos urgentes. Según la ley, los inmigrantes tienen derecho a recibir asistencia sanitaria pública de urgencia, pero lo cierto es que se les pide 140 euros cuando acuden a los servicios de emergencias hospitalarias. Y a eso se añade después el coste de pruebas diagnósticas básicas pero muy lesivas para un bolsillo vacío. "Se llega al sinsentido de cobrarles en concepto de "atención urgente", cuando la ley se la garantiza", confirma Reyero, que sabe que en muchos casos los inmigrantes se están refugiando en organizaciones benéficas.
El Govern Bauzá está excluyendo de la sanidad gratuita a cientos de inmigrantes sin recursos. Una modificación mínima del proceso para dar tarjeta sanitaria a los extranjeros le ha bastado a los nuevos gestores sanitarios para dejar automáticamente sin asistencia a todos los inmigrantes incapaces de demostrar que carecen de dinero para pagarse la atención médica.
Le ocurre sobre todo a las personas llegadas de los países menos desarrollados de África, Asia y América, cuyos ciudadanos son víctimas de una situación kafkiana: el Govern les exige que aporten un documento que las deficientes estructuras burocráticas de sus estados de origen no les pueden facilitar. Se trata de un certificado que los españoles sin recursos consiguen con una corta visita a Hacienda, trámite exprés que se convierte en barrera insuperable para algunos inmigrantes, que han de solicitar los datos en países que en algunos casos no tienen ni los mínimos resortes de control de identidad y población.
Ese certificado que el Govern considera indispensable se emplea para probar que la persona que solicita la tarjeta vive de verdad una situación de penuria económica. Para muchos inmigrantes arrojados por la crisis a la misma cuneta de la exclusión económica en la que ya viven miles de baleares, el trámite se resuelve en su consulado. Para otros, no es tan fácil: no hay ni consulado. O peor: en sus estados carecen hasta de censo, por lo que, sencillamente, no existen. Ocurre sobre con los extranjeros procedentes de África y Asia, aunque el problema se repite con los países más subdesarrollados de Sudamérica.
